ACTIVIDAD
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EL CONFLICTO COLOMBIANO
“La paz no se hace o se deshace sola. Para que sea algún día una realidad es preciso comenzar a imaginarla, a planearla y a construirla”
3.2.1. ANTECEDES DE LAS NEGOCIACIONES DE PAZ
Las r ecientes gestiones en búsqueda del intercambio humanitario, iniciadas por Piedad Córdoba con la autorización del Gobierno Nacional y el apoyo de gobiernos como el de Venezuela y el de Francia, podrían significar la ruptura de un largo ciclo de nuestra historia caracterizado por la terquedad tanto del gobierno como de las guerrillas de las Farc los actores involucrados en este conflicto que por varias décadas ha afectado la vida y el desarrollo en nuestra nación.
La historia reciente de Colombia y en especial, la de los últimos treinta años, han estado marcada por una marejada continua de negociaciones y rupturas en torno a la búsqueda de una salida negociada al conflicto colombiano. En las últimas décadas, la historia nacional ha presenciado numerosas treguas y ceses al fuego como consecuencia de los intentos por alcanzar una paz, en las cuales las partes involucradas directamente en el conflicto se han comprometido a suspender sus hostilidades, a través de la firma de acuerdos o armisticios. Una de las más significativas por sus contenidos y alcances quizás haya sido la de 1984 durante el gobierno de Belisario Betancur.
Después de varios años de una confrontación no declarada, el gobierno de Belisario Betancur hizo saber que estábamos en guerra y que era necesario aunar esfuerzos nacionales para sobreponerse a esa realidad que al igual que “una espada de Damocles” pesa sobre nuestra historia. Ya antes, durante el gobierno de Alfonso López, se había intentado iniciar negociaciones con el Eln pero los operativos militares en contra de esta organización frustraron esta posibilidad.
Como resultado de ese reconocimiento de la existencia de un conflicto en Colombia se llega a la firma de los Acuerdos de cese al fuego y tregua, el 28 de marzo de 1984. En ellos, las partes firmantes se comprometen a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto. El Documento -más conocido como "los acuerdos de la Uribe" - fue suscrito por una Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del gobierno, y por el Estado Mayor de las FARC-EP. Dichos acuerdos no contemplaban la dejación de armas por parte del movimiento guerrillero y habían sido precedidos por la expedición de una Ley de Amnistía.
Si bien, estas negociaciones de paz se efectuaron con el Movimiento 19 de abril (M–19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el hecho más sobresaliente de esas negociaciones fue el surgimiento del experimento político que se conoció como la Unión Patriótica, organización que buscaba abrir los espacios políticos para la participación de amplios sectores hasta entonces excluidos. Sin embargo, esta propuesta civilista fue exterminada en una clara muestra del irrespeto que los intolerantes tienen hacia los derechos humanos y las posiciones divergentes.
Este hecho, unido a los constantes sabotajes perpetrados desde las esferas militares y de los sectores contrarios a las iniciativas de paz, los asesinatos de varios de los dirigentes de las organizaciones que habían optado por la legalidad y los atentados contra otros; llevaron a que las negociaciones de la época de Belisario Betancur no lograran avanzar más allá del simbolismo generalizado al confundir la consecución de la paz mediante unas negociaciones que implicaran cambios reales en nuestras estructuras políticas, económicas y sociales con la pintada de palomas por lo largo y ancho del territorio nacional. El hecho más relevante de la ruptura, y que marcaría toda una generación, fue la toma por parte de un comando guerrillero del M–19 de la sede del Palacio de Justicia en la capital de la república con la pretensión de hacerle un juicio político al Presidente Betancur por su responsabilidad en el fracaso del proceso de paz. Este hecho se ha convertido en un símbolo del irrespeto a los Derechos humanos toda vez que aparte de la muerte de la mayoría de los integrantes del comando guerrillero, provocó también la de la mayoría de Magistrados y la desaparición de varias personas en un hecho que aún se sigue investigando.
A este fracaso, como en un giro de 180 grados, le siguió una política de “guerra integral que agudizó la confrontación que iniciada con la toma de la Uribe, sede histórica del secretariado de las Farc, paradójicamente, conduciría a procesos de negociación y paz con varios de los grupos insurgentes.
Durante el gobierno de Cesar Gaviria se torna de nuevo a intentar negociaciones de paz en la ciudad de Caracas. Sin embargo, como en las ocasiones anteriores se tornan improductivas ya que al decir de Jesús Antonio Bejarano, mientras que para el gobierno nacional estas negociaciones significaban "la superación del conflicto armado", la guerrilla buscaba la "superación de los problemas del país" [2]
Sin embargo, después de varias frustraciones, se lograría avanzar hacia negociaciones serías inicialmente con el Movimiento 19 de abril, M 19. A las negociaciones con este grupo le siguieron conversaciones en este mismo sentido con el EPL, el Quintín Lame, el PRT y la CRS. Agrupaciones estas que no tenían ni la historia ni el acumulado histórico, político y militar de las organizaciones que siguieron en armas: las FARC y el ELN.
Después de un período en el que el tema de la paz quedó rezagado por los escándalos de la infiltración del narcotráfico en la campaña presidencial de 1994 que empañaron al gobierno de Ernesto Samper produciéndose pocos avances en este sentido salvo la liberación de algunos de varios de los militares y policías detenidos por las FARC; se presentó la propuesta de Andrés Pastrana como la posibilidad de un retorno a la búsqueda de una salida negociada a un conflicto que la vía de las armas no se mostraba capaz de definir o de superar.
Sin embargo, la estrategia planteada por ambos actores en las mesa de negociación, donde se estuvo priorizando mas el efecto publicitario que la intencionalidad real de plantearse alternativas y ceder posiciones llevando una vez más al fracaso esta posibilidad. Este proceso estuvo acompañado del accionar militar pues se actuó bajo la premisa de “negociar en medio de la confrontación” y el continuo incumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Además, a lo largo de las negociaciones durante la administración Pastrana (1998-2002), el gobierno de EE.UU. siguió priorizando para Colombia la lucha antinarcóticos, en detrimento del proceso de paz. La ayuda militar de EE.UU. para operaciones antinarcóticos cambia la correlación de fuerzas en el campo de batalla, al brindar entrenamiento y suministros a los militares de Colombia con lo que creciente apoyo de EE.UU. al ejército colombiano se considera como una aprobación tácita (y en algunas ocasiones explícita) de la “solución” militar del conflicto. La desconfianza de EE.UU. hacia las guerrillas colombianas también ha impedido el desarrollo exitoso de las negociaciones. Se le atribuye a un embajador de EE.UU. ante Colombia, acuñar el término “narcoguerrillas” para describir a las FARC y al ELN con lo que de paso, pretendía despojarlas de su carácter revolucionario y encasillarlas bajo el mote de “terroristas” con las cuales no se puede negociar.
Se abrió así la puerta para que llegaran al gobierno las posiciones radicales que desde el principio habían planteado su rechazo a la salida negociada. Estas posiciones, desde una perspectiva que se plantea el conflicto colombiano como un asunto de terroristas en lucha contra la democracia, se erige en el mentor de una salida militar con el consiguiente recrudecimiento de la violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
En todo este periodo, los colombianos se han visto sometidos de manera permanente al bombardeo de la guerra informativa protagonizado por todos los interesados en ganar la guerra a su manera. Tanto unos como otros han contribuido de manera reiterativa a la degradación de la guerra. De hecho, Human Rights Watch señala que existen pocas pruebas que muestren la intencionalidad de las FARC por adaptar sus métodos a las normas internacionales, que sus miembros violan flagrantemente sobre el terreno ni tampoco han respondido a los reiterados informes de de presuntas violaciones cometidas por las FARC al Derecho internacional. Pero cuando consideran que existe una ventaja política, subrayan su respeto al derecho internacional humanitario [3] .
Por su parte, el Ejército de Colombia ha declarado públicamente que el 85 por ciento de los “subversivos” a los que tienen que atacar están involucrados en una “guerra política,” no en el combate, y que entre ellos se encuentran organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos. De hecho, según el Ejército de Colombia, sólo 15 por ciento de los llamados subversivos llevan un arma [4] .
Y por el lado de las Autodefensas, Carlos Castaño ha alegado que la naturaleza de la guerra colombiana (con muchos combatientes sin uniforme ni identificación) hace que los principios estrictos del DIH sean difíciles si no imposibles de aplicar. En su lugar, ha defendido una versión “criolla” del derecho internacional humanitario, adaptable a la guerra irregular colombiana.
3.2.2. DOS SALIDAS AL CONFLICTO: ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO URIBE.
En 1998, el presidente Andrés Pastrana llega con mucho entusiasmo tratando de poner fin al conflicto social colombiano, motivo por el que presenta como eje de la política “Diplomacia para la paz”, consistente en mostrar confianza en el interés del gobierno para negociar frente a la posición de las FARC. Consideraba que se trataba de un problema social, originado principalmente en el fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos, el cual requería de acuerdos que debían incluir la participación de la comunidad nacional e internacional, siendo ésta última, una de las principales fuentes de demanda mundial de estupefacientes.
Con el propósito de adquirir apoyo económico y político internacional, Andrés Pastrana hace alusión a la internacionalización de la Paz, y plantea a los Estados Unidos la necesidad de establecer una zona de despeje para iniciar conversaciones con el movimiento guerrillero, lo que considera mejor que la estrategia de bombardear los cultivos de hoja de coca. En su mandato, consigue que se conciba al Plan Colombia, como el apoyo de la comunidad internacional para la reconstrucción económica, social y ambiental de las zonas más afectadas por el conflicto colombiano, en el que se sustituyan los cultivos ilícitos por programas que incluyan el desarrollo alternativo, atención a la población desplazada y acciones priorizadas en las localidades y territorios donde la violencia posee un carácter crítico. Es decir, que se alterne por planes de subsistencia y sostenimiento de miles de campesinos pobres, y a la vez, se planteen recursos para cubrir sus necesidades básicas. Para la aplicación de este Plan implicaba, de igual manera, contar con el aumento del poder de las Fuerzas Militares, para intentar modificar el número de efectivos de las fuerzas militares y con ello, la balanza definitivamente para lograr el debilitamiento de la guerrilla.
La aplicación del denominado Plan Colombia se concentró en la lucha antinarcóticos, exclusivamente contra los cultivos ilícitos, laboratorios y comercio, a la vez que apuntaba al fortalecimiento del Estado colombiano frente a la insurgencia, y entre otras estrategias alternas se incluyó la democratización, desarrollo social, los derechos humanos y la reforma a la justicia. Se convierte Colombia, en el principal destinatario de ayuda norteamericana de Latinoamérica, comprometiendo cada vez más al Estado colombiano con los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Como lo manifiestan algunos analistas en Seguridad como Alfredo Rangel y Henry Salgado, el Plan Colombia no contó con la participación de los diversos actores sociales, no fue el resultado de un pacto de Estado o acuerdo entre partidos y fuerzas sociales que reflejara coincidencias entre el Estado y la sociedad civil; se observó mayormente la intervención norteamericana en el conflicto colombiano, con el interés de fortalecer la institución militar y policial.
A principios del año 2002, se evidencia un fracaso del proceso de Paz de Pastrana, con la clausura del diálogo con las organizaciones insurgentes; momento en el cual se consideró que las fuerzas militares y policiales colombianas debían redoblar sus esfuerzos para imponerse en el plano armado que promulgaba la guerrilla.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El alto índice de popularidad con el cual inicia su gestión el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el año 2002, crea en la población expectativas de mejorar las condiciones de seguridad frente a los grupos armados existentes, la modernización del aparato del Estado para combatir la corrupción, y la reactivación del crecimiento económico para reducir el desempleo.
Álvaro Uribe Vélez, enarbola su “Política de Seguridad Democrática” con la que convierte la seguridad en su prioridad principal y propone una serie de factores que ayudan a combatir dicha situación, entre ellos: la imposición de un impuesto de seguridad (único), el establecimiento de zonas de rehabilitación, el entrenamiento y refuerzo de fuerzas militares y policiales que persigan a los líderes insurgentes y paramilitares, formación de soldados campesinos y de informantes civiles que desarrollen estructuras de vigilancia en distritos urbanos y extensiones rurales, entre otros; esto desde la dinámica de que no se afecten los Derechos Humanos y se faciliten acuerdos en el cual las fuerzas irregulares (guerrillas y paramilitares) planteen su desmovilización a cambio de lograr beneficios judiciales y sin tocar el quid de la cuestión como es el tratamiento de las causas objetivas de la confrontación.
La administración de Uribe se percibe coherente con la visión estadounidense acerca de combatir el terrorismo, el cual se presume es generado y/o financiado principalmente por el narcotráfico. Es por ello que encuentran en el Plan Colombia, el eje importante para conservar la democracia y la seguridad nacional, lo que da a entender, como bien dijo Pastrana, que Colombia no puede sola, no tiene la capacidad de tratar ni de enfrentar dichos asuntos, por lo que se obliga de cierto modo a favorecer las posiciones de un gobierno internacional frente a la situación interna colombiana.
Durante el mandato de Álvaro Uribe, el objetivo central de combatir al terrorismo, considerado como consecuencia del narcotráfico y el motivo para defender la democracia y los derechos humanos se convierte en objetivo central lo que Impactó en el fortalecimiento de la opción militar al interior de Colombia en detrimento de la búsqueda de negociar con los grupos alzados en armas, y evitar la expansión del conflicto reflejado en la migración y el desplazamiento forzado de la población hacía los cinturones de miseria de las ciudades o hacia otros países con lo que se profundiza la crisis humanitaria y de derechos humanos, a la vez que propicia el surgimiento de la delincuencia organizada, situación que obliga a una mayor militarización de vida civil y de las zonas fronterizas de Colombia, zonas que de una u otra manera, se ven afectadas.
En conclusión, se tiene que las políticas de seguridad de Pastrana y de Uribe han mantenido la subordinación ante los Estados Unidos, en materia de política antinarcóticos y antiterrorista, gracias a la ayuda financiera y militar ofrecida anualmente para el fortalecimiento del Estado colombiano.
3.2.3. NEGOCIACIÓN Y DIH EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, en tiempo de guerra, protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. Su principal objetivo es limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. Las normas estipuladas en los tratados de DIH han de ser respetadas no sólo por los Gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también por grupos armados de oposición y por cualquier otra parte en un conflicto. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos de 1977 adicionales a éstos son los principales instrumentos de derecho humanitario.
Un proceso de negociación que se lleve a cabo en Colombia debe comenzar por la aplicación del DIH como una forma de aminorar los efectos de la guerra sobre los actores armados y la población civil, esto implica el reconocimiento por parte del Estado de que el país vive un conflicto armado y no una amenaza terrorista, la negación de esta afirmación no permite que se llegue a un cese de hostilidades, lo cual, si se diera, significaría un elemento importante para el proceso de reconciliación entre los actores armados, el Estado y la sociedad.
La utilización de armas no convencionales, el secuestro, la desaparición forzada, las detenciones masivas y el desplazamiento, entre otros, son hechos que atentan gravemente la posibilidad de lograr la paz. Desafortunadamente, en Colombia abundan las violaciones al DIH, las víctimas son cada vez más, personal civil. Sin embargo la aplicación del DIH permite cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los heridos, los enfermos, ya sea limitando el empleo de armas inhumanas que atentan contra los Derechos Humanos.
En el plano Internacional siguen resonando los vientos de las guerras preventivas y en el país se ha cerrado la posibilidad de hacer una negociaciónentendida como la apertura de espacios sociales, políticos y económicos para que nuevas personas y actores sean incluidos en el desarrollo y para construir una paz sostenible en donde la mayoría de los ciudadanos disfruten de los Derechos Humanos; una negociación entendida no como el ofrecimiento a los miembros de los grupos guerrilleros de condiciones para su reincorporación a la vida civil sino como una apuesta por transformar las condiciones que le han servido de bases para su avance. En este momento, lo que se ha ofrecido a quienes se han levantado en armas contra el Estado es la guerra para llevarlos en condiciones de desventaja a una mesa de negociación.
En ese orden de ideas se evidencia la necesidad de exigir al Estado Colombiano una voluntad política que exprese una actitud seria y responsable que favorezca avanzar en la mesa de negociaciones y se concrete un acuerdo humanitario sin más demoras, igualmente procurar que estos acuerdos incluyan compromisos de solución humanitaria sobre la base del reconocimiento a la protección de la población civil por las partes y por ende el respeto y la aceptación del DIH.
En esta perspectiva se pone como centro el respeto por los Derechos Humanos, lo que implica la defensa de las víctimas, el respeto y el reconocimiento de la población civil para que no sea afectada por la confrontación armada; ello se traduce en un rechazo profundo a la política de seguridad democrática expresada en las persecuciones, las detenciones masivas, los atentados, las desapariciones forzadas, el desplazamiento, el asesinato selectivo y la masacre generalizada.
El acuerdo humanitario pasa por entender los orígenes del conflicto social y armado, sus causas y motivaciones y su posterior resolución aparte de un proceso de negociación y paz que incorpore la solución a los grandes problemas del país como parte de la justicia social; todo ello nos indica que no se puede separar la agenda humanitaria de la agenda social y política ya que el reconocimiento de la dignidad de la condición humana pasa por los niveles de equidad, justicia, bienestar y progreso.
Por tanto, se reafirma la necesidad de una salida negociada al conflicto armado y la búsqueda de un acuerdo humanitario, necesitamos una ruptura en la posición sostenida del gobierno, quien presenta dificultad para aceptar y discriminar lo que la mayor parte del pueblo Colombiano ya logró “Colombia tiene un conflicto armado interno y no una amenaza terrorista, en donde la salida es la negociación”.
3.2.4. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVILEN EL CONFLICTO COLOMBIANO
La sociedad civil tiene un papel muy importante en el conflicto armado interno que se da, esta es la que está viviendo una situación precaria frente a este ya que es la sociedad civil la que le toca sufrir los desplazamientos, las masacres, las torturas; tanto físicas como sicológicas de este conflicto. El Derecho Internacional Humanitario intenta proteger los derechos que tiene la sociedad civil frente a los conflictos armados internos, pero, para ello se necesita que el gobierno reconozca que se está viviendo en un conflicto armado.
La sociedad civil está obligada a expresar su rechazo frente a las continuas manifestaciones de violencia que tienen los actores armados del conflicto e incluso estos actores deben respetar a la sociedad civil, ya que esta no quiere involucrarse, suficiente tiene con vivir este conflicto desde lo económico, cultural, social,
En el ámbito económico, la sociedad civil se ve muy afectada porque ésta es la que sale desplazada, la que no tiene los recursos para iniciar una vida en otro lugar lejano de los enfrentamientos armados, a ellos les toca dejar sus tierras, ver como destruyen sus hogares, sus tierras y en ocasiones ver como destruyen sus hogares. Estos son factores que a nivel económico no solo afectan a esta población sino también al país porque estas personas desplazadas pasan a engrasar as filas e indigencia, desempleados e incluso a cometer robos, esta población en otras circunstancias estaría sembrando la tierra y produciendo para la sociedad misma, para el país e incluso para ellos mismos, pero debido a la violencia que vivimos a ellos les toca dejar todo, esto influye mucho en el desarrollo de una sociedad civil con esta clase de desorden social que se puede apreciar por el conflicto armado que se vive, y para que la sociedad pueda progresar necesitaría evolucionar, como lo plantea Lechner que, “ la innovación de la sociedad civil remite a la reorganización del orden social como complemento ineludible [5] ”.
La sociedad civil es la que trata de encontrar soluciones sin el uso de las armas, este concepto de “’civil’ como diferenciación de lo militar, del ciudadano como hombre libre que habita la urbe, de civilidad como ejercicio de los derechos ciudadanos, de civilización como el largo camino que ha recorrido la humanidad para encontrar una manera no violenta de solucionar sus conflicto”, según Valencia [6]
Por tanto, si logramos fortalecer la sociedad civil en la que vivimos, teniendo en cuenta la crisis del país, que tiene una alta concentración de pobreza en la población y muchas necesidades y con cada vez mas necesidades de todo tipo, por supuesto en los sectores medios y pobres de la ciudad, si logramos mejorar a nivel económico, esto sería un apoyo para poder sacar adelante la parte social de la población, esta es una situación que podría mejorar si el Estado reconoce la existencia de un conflicto armado, dándole vigencia al Derecho Internacional Humanitario y logrando la intervención de los organismos internacionales en la protección de los derechos de la sociedad civil y de la población no combatiente.
La sociedad civil que ya ha comenzado a moverse se organiza, como dice Marc Chernick, para presionar y reivindicar lo concerniente a la paz, todo ello mediante “huelgas de trabajo, paros, referendos, medios de comunicación, las artes, seminarios universitarios y foros populares [7] ”, teniendo en cuenta esto la idea es educar, creando conciencia para presionar los procesos de paz que van a sacar adelante a los problemas que tenemos tanto a nivel social, y económico entre otros.
En lo referente a la problemática económica y social, en la cual está por el conflicto armado interno, hay que señalar que no es una problemática que se esté viviendo ahora pues es algo que se viene afrontando desde hace casi medio siglo, porque no se ha podido aplicar el Derecho Internacional Humanitario para proteger y hacerle valer sus derechos como población.
La paz que se necesita para poder equilibrar los problemas económicos y sociales que está viviendo la sociedad civil, no se podría lograr sin un claro compromiso del gobierno y la insurgencia, para que los acuerdos tengan buenas bases y pueda generarse las condiciones para que las transformaciones sociales requeridas se conviertan en realidades fácticas para el progreso de la sociedad civil.
